Por Atilio Boron
Maduro ofreció nada menos que convocar a una Constituyente para evitar una guerra civil y la desintegración nacional. Si la oposición confirmara en los próximos días su rechazo a ese gesto patriótico y democrático el único camino que le quedará abierto al Gobierno será dejar de lado la excesiva e imprudente tolerancia tenida con los agentes de la contrarrevolución y descargar sobre ellos todo el rigor de la ley, sin concesión alguna. La oposición no violenta será respetada en tanto y en cuanto opere dentro de las reglas del juego democrático y los marcos establecidos por la Constitución; la otra, el ala insurreccional de la oposición, deberá ser reprimida sin demora y sin clemencia.
El Gobierno Bolivariano tuvo una paciencia infinita ante los sediciosos, que en Estados Unidos estarían presos desde 2014 y algunos, Leopoldo López, por ejemplo, condenado a cadena perpetua o a la pena capital. Su mayor pecado fue haber sido demasiado tolerante y generoso con quienes solo quieren la victoria de la contrarrevolución a cualquier precio.
Pero ese tiempo ya se acabó. La inexorable dialéctica de la revolución establece, con la lógica implacable de la ley de la gravedad, que ahora el Gobierno debe reaccionar con toda la fuerza del Estado para impedir a tiempo la disolución del orden social, la caída en el abismo de una cruenta guerra civil y la derrota de la Revolución. Impedir ese "final terrible" del que hablaba Marx antes del "terror sin fin." Si el Gobierno Bolivariano adopta este curso de acción podrá salvar la continuidad del proceso iniciado por Chávez en 1999, sin preocuparse por la ensordecedora gritería de la derecha y sus lenguaraces mediáticos que de todos modos ya hace tiempo vienen aullando, mintiendo e insultando a la Revolución y sus protagonistas.
Si, en cambio, titubeara y cayera en la imperdonable ilusión de que a los violentos se los puede apaciguar con gestos patrióticos o rezando siete Ave Marías, su futuro tiene el rostro de la derrota, con dos variantes. Uno, un poco menos traumático, terminar como el sandinismo, derrotado "constitucionalmente" en las urnas en 1989. Solo que Venezuela está asentada sobre un inmenso mar de petróleo y Nicaragua no, y por eso hay que desterrar el espejismo de que si los sandinistas volvieron al gobierno los chavistas podrían hacer lo propio, diez o quince años después de una eventual derrota. ¡No! El triunfo de la contrarrevolución convertiría de hecho a Venezuela en el estado número 51 de la Unión Americana, y si Washington durante más de un siglo ha demostrado no estar dispuesto a abandonar a Puerto Rico ni en mil años se iría de Venezuela una vez que sus peones derroten al chavismo y se apoderen de este país y su inmensa reserva petrolera.
La Revolución Bolivariana es social y política y, a no olvidarlo, una lucha de liberación nacional. La derrota de la Revolución se traduciría en la anexión informal de Venezuela a Estados Unidos. La segunda variante de una posible derrota configuraría el peor escenario. Incapaz de contener a los violentos y de restablecer el orden y una cierta normalidad económica una insurrección violenta aplicaría el modelo libio para acabar con la Revolución Bolivariana.
No olvidar que ahora la número dos del Comando Sur es nada menos que un personaje tan siniestro e inescrupuloso como Liliana Ayalde, quien fuera embajadora de Estados Unidos en Paraguay y Brasil y que en ambos países fue la artífice fundamental de sendos golpes de estado. Una mujer de armas tomar a quien no le temblaría la mano a la hora de lanzar las fuerzas del Comando Sur contra Venezuela, derribar su Gobierno y, como en Libia, hacer que una turbamulta organizada por la CIA termine con el linchamiento de Maduro como sucediera con Gadafi, y el exterminio físico de la plana mayor de la Revolución.
La dirigencia bolivariana, la obra de Chávez y la causa de la emancipación latinoamericana no merecen ninguno de estos dos desenlaces, ninguno de los cuales es inevitable si se relanza la Revolución y se aplasta sin miramientos a las fuerzas de la contrarrevolución.
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